Semestre dos / Boletín dos

El derecho de acceso a la información y la protección de los datos personales: últimos avances de la democracia en México

Boletín teórico

En un repaso de los avances en materia de transparencia en México, sabemos, por la revisión que hemos hecho del tema, que, en palabras de Sergio López Ayllón, "la historia de la legislación mexicana en materia de transparencia y acceso a la información es relativamente reciente, incluso joven (si se toman como referencia otras materias en donde existen décadas de experiencia"). (28) Sobre todo, ha sido en las últimas tres décadas que hemos sido testigos de reformas, iniciativas y progresos en lo que se refiere a la transparencia y la rendición de cuentas en nuestro país. Incluso, podríamos aventurarnos a afirmar que el desarrollo de nuestra democracia está aparejado, entre otras cosas, con lo que se ha logrado en la materia.

López Noriega sostiene que:

Desde las primeras circunstancias, textos y discusiones que construyeron el edificio de este régimen, se entendió que la publicidad de la maquinaria estatal era un aspecto indispensable para cumplir con el reto de controlar el ejercicio de poder. Cada una de las palancas, tuercas y resortes institucionales encaminados a limitar el poder, se volvían inservibles si éstos no eran transparentes. (8)

La democracia, como sabemos, tiene su cimiento en la posibilidad de contrarrestar los excesos del poder; en limitar y equilibrar fuerzas; en lograr elecciones pacíficas sin derramamiento de sangre, entre muchas otras aseveraciones propuestas por los estudiosos. Pero no basta. Para que un gobierno pueda hacer efectiva su gestión y la ciudadanía la conozca, son indispensables un sinnúmero de mecanismos que transparenten sus acciones.

Y sobre esta posibilidad de acceder a la información, continúa explicando López Noriega:

En cuanto a la información pública se mantiene el criterio de que toda persona, sin tener que acreditar interés y justificar su finalidad, tiene acceso gratuito a la información pública. Sin embargo, un cambio medular [en la última reforma] fue ampliar la definición de información pública para la federación, entidades federativas, municipios y Distrito Federal -lo cual, por supuesto, también aumentó el listado de poderes e instituciones obligados a facilitar la información que generan. De esta manera, ahora es información pública toda aquella que esté en posesión de cualquier autoridad, órgano o entidad que formen parte de los poderes Ejecutivo, Legislativo, Judicial, órganos constitucionales autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos. Pero no sólo eso: también están obligados a las reglas de transparencia de la información pública, cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal. (18-9)

Ahora bien, el hecho de que existan mecanismos para acceder a la información y no sea necesario justificar la finalidad de una solicitud de información resulta insuficiente. Por lo que se requieren otras medidas, como las que propone Woldenberg. Él nos dice que para que el derecho a la información funcione, se requieren algunas condiciones, más allá de las disposiciones constitucionales y legales en la materia. Por ejemplo:

1. La existencia de archivos bien organizados. Se trata de la condición numero uno, del requisito primordial para que la pirámide de la información tenga sentido.
2. La responsabilidad de los funcionarios. La tarea de catalogar y poner disposición del público la información de las distintas unidades no debe ser entendida como una tarea secundaria o residual, sino una obligación que de no cumplirse puede acarrear sanciones de diverso tipo sobre los responsables.
3. La fuerza de los institutos de acceso a la información. Buenos registros documentales y buena gestión, en esa área, de las distintas dependencias, deberían bastar para poder ejercer el derecho a contar con información pública. (13)

En los términos de Woldenberg, como vemos, la transparencia supone establecer claramente las lindes entre lo íntimo, lo privado y lo público.

Veamos algunos datos sobre transparencia en México:

Los datos de la Métrica de Gobierno Abierto nos dicen:

Esta tabla presenta un comparativo de cinco subíndices. De esta imagen, lo primero que destaca es el alto valor que recibió el subíndice de portales que refiere a la información pública de oficio que es presentada por todos los sujetos obligados a través de las páginas institucionales electrónicas. Este resultado sugiere que los sujetos obligados han logrado consolidar mecanismos de difusión electrónica y han conseguido publicar información relevante. Sin embargo, este subíndice debe leerse con cuidado puesto que refiere al cumplimiento de los sujetos obligados con su norma y no necesariamente, con un ideal sobre la información que debería estar presente. En otras palabras, el subíndice captura -primordialmente- el cumplimiento del sujeto obligado con su norma y aunque la mayoría de los sujetos obligados han incorporado más información a sus plataformas electrónicas, ésta no es común u homogénea entre entidades e incluso al interior de la misma entidad.

Destaca también el valor del subíndice de usuario simulado. El análisis de esta dimensión y el seguimiento y evaluación de más de 2 mil 900 solicitudes de información indican que los sujetos obligados del país han resuelto problemas -en su mayoría- básicos de proceso, pero adolecen en características sobre el contenido de las respuestas. Este indicador está particularmente afectado por la disponibilidad de información y por el uso estratégico de los plazos por parte de los sujetos obligados.

Finalmente, para concluir con este brevísimo repaso de los avances en materia de transparencia, hagamos alusión al término tan en boga hoy en día de gobierno abierto. En términos generales diremos que un gobierno abierto es aquel que tiende a promover la transparencia, aumentar la participación ciudadana en los asuntos públicos, combatir la corrupción y aprovechar las nuevas tecnologías para robustecer la gobernanza. Desde hace algunos años se han propuesto mecanismos, alianzas y planes de acción tendientes a lograrlo. Y sobre esto, los estudiosos del tema sostienen que aún se cuenta con poco avance.

A su vez, y aunque como nos aclaran ha habido avances, la demora en la entrega de información, o el no contar con información correctamente clasificada, entorpece o nulifica la capacidad de la ciudadanía de acceder a la información. Sin contar con que un porcentaje mínimo de personas se involucra activamente, o solicita información a las instituciones y dependencias de gobierno.

Sobre el tema de la incorporación de la ciudadanía en la toma de decisiones, que es quizá uno de los más claros indicadores de que hace falta buscar incentivos para la participación ciudadana, Guillermo Cejudo, académico del CIDE, sostiene que:

Los canales que tiene el gobierno para incorporar a los ciudadanos a sus decisiones son mínimos, están dispersos y son poco eficaces… 71 % de los sujetos obligados, este es un dato verdaderamente preocupante, tiene métodos de contacto, pero no funcionan, líneas de teléfono que dicen que son para participación ciudadana que al utilizarlas no funcionan, buzones de correo que regresan porque están saturados". (Canal Judicial)

Por su parte, la Métrica de Gobierno Abierto evidencia que los gobiernos no suelen contar con mecanismos formales para la participación y sólo en muy pocas ocasiones los ciudadanos logran activar un mecanismo para incidir en la toma de decisiones. De hecho, sólo 16% de los sujetos obligados a los que se contactó para hacer una propuesta de política activó algún mecanismo para presentar y discutir la propuesta. (4)

¿Y en este escenario, qué pasa con los partidos?

Con base en los datos del CIDE, El estudio Métrica de Gobierno Abierto 2017, presentado en la primera sesión de trabajo de los integrantes del Sistema Nacional de Transparencia, plantea que los partidos políticos, los sindicatos y los fideicomisos, son los entes que más atrasados se encuentran en esquemas de apertura.

Corresponde insistir, seguir trabajando y perfeccionando los mecanismos que nos permitan contar con un sistema de transparencia eficiente y eficaz; y en donde la ciudadanía tenga incentivos para ejercer presión y exigir que la rendición de cuentas sea un medio para transformar la realidad.

BIBLIOGRAFÍA

Alianza para el Gobierno Abierto. Disponible haciendo click aquí. Consulta: 31 de enero de 2018. Html

Canal Judicial. "Presenta CIDE estudio Métrica de Gobierno Abierto 2017". México: Canal Judicial, 2017. Disponible haciendo click aquí. Consulta: 31 de enero de 2018. Html

Cejudo, Guillermo (coord.). "Reporte de resultados 2017. Métrica de Gobierno Abierto". México: CIDE / INAI, 2017. Disponible haciendo click aquí. Consulta: 31 de enero de 2018. PDF

----------------------------, Sergio López Ayllón y Alejandro Ríos Cázares (ed.).La política de transparencia en México: Instituciones, logros y desafíos. México: CIDE, 2012. Impreso

López Noriega, Saúl. Transparencia y el nuevo sistema de derechos. México: INAI, 2015. Impreso

Woldenberg Karakowsky, José. Por una cultura de la transparencia en México. México: INAI, 2016. Impreso